La primera huelga general
“Los
sindicatos y no el partido político son el arma principal de la lucha
proletaria”.
Cuando George
Sorel pronunció estas palabras, inaugurando el Grupo Sindicalista en Francia, el
movimiento sindical argentino estaba en auge.
A principios
del siglo XX nuestro país experimentaba una creciente agitación social. La
prolongada huelga de los estibadores, comenzada en noviembre 1902, fue reprimida
por las autoridades. En respuesta a esa actitud del gobierno, otros sindicatos
se plegaron a la huelga en solidaridad con los trabajadores portuarios.
Como consecuencia,
el senador Miguel Cané, desempolvando un pedido formulado por la Unión
Industrial Argentina al gobierno, en 1899, presentó una propuesta para cortar
de raíz el estado de agitación. El Congreso lo convirtió en la ley 4.144.,
popularmente conocida como Ley de Residencia, con el único propósito de expulsar
extranjeros sumariamente.
A esto, los
sindicatos contestaron con una medida que hasta entonces era una innovación: la
huelga general. La Federación Obrera Argentina (FOA), la central sindical precursora
de la renombrada FORA, declaró la huelga general en protesta por la ley
represiva. Paralelamente, el gobierno de Roca decretó el estado de sitio.
La lucha de
los trabajadores encontró coordinación, y su intensificación mediante su
generalización permitió la victoria de los estibadores, que finalmente vieron
compensadas sus demandas.
Indudablemente,
la huelga general como todo hecho nuevo, generó detractores en varios sectores:
en las esferas oficiales temían una desestabilización que pudiera ser
aprovechada por los socialistas; para estos últimos, la huelga general los
alejaba de algún tipo de negociación y por ello la rechazaron, abandonando la FOA.
La Argentina
estaba inserta en el mundo capitalista como proveedor de materias primas. Los
cereales y la carne eran los productos que aportaban divisas a la renta
nacional. La revolución industrial estaba mostrando sus virtudes en cuanto al
mejoramiento de los transportes a nivel mundial.
Los
trabajadores de los talleres industriales eran mayoría en las grandes ciudades
del interior del país, muchos de ellos inmigrantes, que se agruparon para defender
sus intereses laborales de aquel sistema que no los protegía y los despreciaba.
La Ley de
Residencia fue la respuesta a las demandas de los comerciantes industriales que
reclamaban límites contra los alborotadores que desconocían sus derechos a
administrar sus talleres. Pese a los intentos legislativos, como el Código
Nacional de Trabajo que se elaboró tomando como base un informe de Bialet Masse,
no fueron suficientes y el estado de agitación continuó hasta llegar el
Centenario de la Revolución de Mayo.
Lo único
cierto es que los trabajadores probaron el sabor dulce de la coordinación que
produce las huelgas generales. Y este sería el instrumento de reivindicación hasta
bien entrado la mitad del siglo XX.
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