Los lores de la decadencia

Dos empresarios de Yorkshire, James Hanson y George White, fueron ensalzados en la década del ochenta como los modelos del empresariado británico y se les otorgó el rango de pares. Establecido en 1964, Hanson Trust es hoy un consorcio de 11.000 millones de dólares que opera en Gran Bretaña y Estados Unidos. Lord Hanson da desenfadadamente la prioridad a los accionistas. “Siento gran estima por ellos”, explicó. “Primero vienen los accionistas, luego los consumidores y luego los trabajadores, como yo mismo”. Hanson era especialmente admirado como el flagelo de los gerentes complacientes.

Sus tácticas son las siguientes: a ) adquirir una compañía aletargada, preferiblemente otro consorcio con altos costes en sus oficinas centrales y valiosos bienes raíces; b ) liquidar los bienes raíces, además de vender las empresas que operan en mercados altamente competitivos a esos mismos competidores; c ) vender cualquier empresa que sea compleja o aquellas que requieran una fuerte inversión; d ) conservar las empresas de “baja tecnología” con amplia participación en el mercado (p. ej., ladrillos, carbón, cemento, cigarrillos y baterías); e ) exprimirlas para obtener dinero en efectivo, reduciendo su personal, racionalizándolas y estableciendo metas estrictas a sus gerentes. O rinden o se van.

Un ejemplo típico de una adquisición de Hanson fue Eveready, que tenía una amplia participación oligopólica en el mercado británico y sudafricano de pilas y baterías. En pocas semanas, Hanson había eliminado el grupo de proyectos de avanzada, luego cerró el Laboratorio Central. Después se retiró de Estados Unidos y de Hong Kong, y vendió las fábricas de Alemania e Italia, además de un importante Centro de Investigación y Desarrollo, a su principal competidor, Duracell. Con eso recuperó prácticamente todos los costes de su adquisición original y le quedaron activos disponibles. Obtuvo ganancias, pero la participación en el mercado europeo disminuyó de un 60% a un 10%. A nadie puede asombrarle que Duracell haya pagado su compra tan bien. Eveready ya no era un rival internacional serio, pero los accionistas de Hanson se habían enriquecido. En el ínterin, la fuerza laboral había sido dividida en dos. Como señaló el director ejecutivo de Imperial Tobacco -otra adquisición de Hanson- “Estamos administrando lucrativamente la decadencia de nuestra industria”.

El dinero que se distribuye entre los accionistas de Hanson proviene de numerosas fuentes, pero no del crecimiento de sus industrias. Proviene de la venta de las unidades comerciales de los consorcios adquiridos a especialistas en esa tecnología que los administran más eficazmente, del cierre de fábricas (tres de las cinco de Imperial Tobacco), del despido de personal, de “vacaciones pagas” y la apropiación de los superávit de los fondos de pensión, además de la evasión de los impuestos sobre las adquisiciones a través de transferencias internacionales de activos y el uso de las veintiséis compañías panameñas a tal fin. Hanson invierte en el corto plazo, pero exige el reembolso a los tres años.

Siendo Hanson Trust un microcosmos de la economía británica, no es difícil comprender las razones de su declinación general, de la preferencia por los productos de “baja tecnología”, la liquidación de la participación en el mercado, la retirada de Europa y de Asia, el desmembramiento de las organizaciones y su venta a los competidores, y de la búsqueda de segmentos del mercado suficientemente amplios para fijar precios más altos. Esta podría ser la historia clínica de los males que padece Gran Bretaña. 

Fuente: “The Hanson File”, Canal 4 de la Televisión, enero de 1991. Reino Unido

Inflación: El round del siglo

Argentina. Se habla con persistencia de que Argentina padece de alta inflación como resultado de existencia de políticas que la estimulan. 
Cabe preguntarse si en varios años la inflación fué un problema en si mismo estimulado por la simulación y la propaganda, o el estímulo se encuentra en acuerdos tácitos entre las grandes firmas interesadas en obtener la maximización de los beneficios derivados de la venta de bienes y servicios. 
El propósito de todo comerciante en su bienintencionada meta es sacar el mayor partido de su actividad mercantil y extraer tanto beneficio como le sea posible. 
El problema le queda a la sociedad y se puede ilustrar sencillamente: Acepta este status quo como una realidad o se hace cómplice de la codicia que estimula con sus compras, apoyando la abominación de sus interesados. 
Combatir los vicios de la sociedad es una responsabilidad de todos y una función de Estado.
Por ello, la inflación más peligrosa es la generada por las expectativas de mayores ganancias buscada de modo artificial y sin la práctica de las buenas artes comerciales. 
Las formas de corrección de la inflación son variadas y están culturalmente condicionadas: Se sabe, los impuestos en Argentina deben recolectarse entre las capas medias y media altas a punta de pistola. 
Los gobiernos deben tener en claro que el mensaje que debe primar en el país es que cada uno sepa cual es su derecho, cual es su obligación y cual es el camino del bien común para contemporizar cada eslabón social de la comunidad. 
La inflación en Argentina se combatió históricamente estableciendo controles de precios y salarios porque se creía que el ingreso familiar empujaba las expectativas de mayores ganancias. 
En consecuencia se ajustaba a la víctima y no al victimario. 
Otro aspecto que se trataba en los concilios económicos era el "ajuste por inflación" de los estados contables. 
La técnica contable auxiliaba a los profesionales del rubro a "dibujar" los resultados financieros obtenidos con anterioridad al alza de precios, con el propósito primario de "promediarlos" a los valores de mercado del presente y encubriendo la rentabilidad real que sus actividades arrojaban como balance general del período. 
Esta situación de prorrateo se aplicaba (y se aplica) con el fin de concentrar la masa dineraria fuera del alcance visual del Estado. 
La ley, por otra parte, es pacífica y contemplativa con este tipo de mecanismos de evasión encubierta. 
La codicia es la Gran Responsable de la inflación en Argentina y siempre se emparentó con la concentración económica y el cohecho. 
No es disparatado de que muchos que reclaman soluciones hoy, se haya beneficiados de su práctica aunque, como sucede en todo ecosistema, el pez grande hoy se está devorando al pez más pequeño. 
La codicia, a la larga, se paga. 
Y con una factura opulenta, porque su naturaleza la obliga permanentemente a incrementar su hostilidad contra todo lo que pretende excluirle de su espacio y hábitat. 
Quienquiera combatir a la inflación debe tener claro que se enfrentará a los propósitos más inescrupulosos en cuanto a práctica y escuela de vida.

Laberintos de penumbra

Argentina. Por estos días se experimenta en el ambiente político una atmósfera de derrota en la oposición al gobierno de la señora de Kirchner, quien eligió este pasaje del año, como el momento propicio para una discusión que tiene el objetivo de echar abajo los fundamentos que durante 160 años de historia judicial argentina llegaron al colapso y alimentan la necesidad de reestructuración.

Su propuesta, girada al Congreso el lunes de ésta semana, enfrentó la aversión de los miembros opositores que niegan la eficacia de los postulados reformistas de la Casa Rosada. El punto litigioso es la que promueve la elección por el voto popular de los consejeros de la magistratura.

La Constitución Nacional aclama ser la ley suprema de la Nación (Art. 31) estableciendo una regla legal y política que las autoridades creadas por su propio contenido deben acatar, según se desprende, de los juramentos de ley que anteceden a la toma de posesión de cualquiera de las magistraturas. En el Art. 114 de la incuestionable normativa, alude que el Consejo de la Magistratura es un órgano compuesto por una pluralidad de personas venidas del ámbito jurídico, es decir, provenientes del ejercicio diario que los hombres de ley prestan como servicio (jueces, abogados), sin que -declara la propia Constitución- por ello, esté restringido la inclusión de personas ajenas a esa órbita profesional, como ser académicos y científicos.

Un apartado de éste elemento constitucional dice “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular”, palabras que abrieron las puertas a una controversia entre los bandos rivales. De un lado del debate público se admite que la integración de los miembros de este cuerpo colegiado pueda someterse al arbitrio de la soberanía popular; mientras que del otro sólo se limitan a reclamar su inconstitucionalidad.

Podría decirse que los resonantes casos de injusticia acaecidos en los últimos meses, fueron el punto culminante de la innegable larga lista de escándalos que salpican a miembros del poder judicial. El retardo de justicia, un crimen especificado por el Código Penal, aparece ante la opinión pública como un imposible por los laberintos que sostienen los pasillos de la jurisprudencia, reservada para la consulta de la aristocracia de los estrados.

El ciudadano, conocido popularmente como el “sujeto de derecho”, durante años (por no decir durante su propia existencia) ignoró el acontecer de las muchas actividades desplegadas por los jueces, sin que, por ello, igualmente ignore la certeza de sus reclamaciones ante un tribunal y su evolución consecuente. El malestar social sobreviniente de las actuaciones judiciales de los últimos tiempos, estallará por los aires si una reforma no pone fin a la vergüenza ajena que siente y presiente el conjunto cívico de la Nación, que desde el silencio inocente de sus protagonistas comienza a fermentar una forma de protesta ajena de todo cuestionamiento: Las movilizaciones reivindicativas.

Le cabe a la opinión pública, en la medida de sus posibilidades, aceptar sus propias reivindicaciones y abrazarlas; no hasta sus últimas consecuencias, como se proclama regularmente, sino como primera consecuencia de perseguir un propósito elevado como si se tratara del más alto anhelo personal que puede aspirar un individuo como integrante de una comunidad organizada.

Le cabe a las autoridades constituidas, en la medida de sus posibilidades, aceptar que su legitimidad de magistrados, se fecundó y gestó en el seno de esa misma comunidad organizada, de la que forman parte sus familias y ellos mismos. En el equilibrio de estas realidades se encontrará el punto de encuentro de la justicia y su beneficencia. 

El fruto de la impunidad

Buenos Aires. El 7 de Julio de 1976, el embajador de los Estados Unidos ante la Argentina, Robert Hill, envió un despacho a su gobierno por el que informa sobre el resultado de un hecho que ante la opinión pública se conoció como “La Masacre de San Patricio”, destacando los comentarios que le brindara su colega del Vaticano, Pio Laghi, sobre su conocimiento del asunto.
Según ese informe, los sacerdotes católicos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, conocidos popularmente como los curas palotinos, fueron interceptados por elementos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) con el requerimiento de encontrar a Mario Firmenich, bajo el supuesto de que se encontraba al abrigo de la Iglesia San Patricio, en el porteño Barrio Belgrano. Al momento del hecho, los sacerdotes estaban reunidos con los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Todos fueron asesinados al enterarse de la respuesta negativa a su búsqueda.
Sin embargo, el objetivo de la pesquisa era, en realidad, hacia uno de los seminaristas, puesto que la jerarquía eclesiástica creía que estaba envuelto con la corriente de sacerdotes tercermundistas. Este dato aportado por Laghi lo obtuvo del cardenal de la época, Juan Carlos Aramburu, que se había reunido, luego de los sucesos, con el ministro del Interior de entonces, Albano Harguindeguy, para interiorizarse sobre la cuestión. Laghi agregó que, según su propia opinión, este era “el primer paso para limpiar la Iglesia” encarada por el gobierno para erradicar esta “opción sacerdotal”.

Tinieblas en alta mar

Reino Unido. Poco antes de la muerte de Margaret Thatcher, se consideró benevolente divulgar a la opinión pública, los partes de inteligencia redactados por las autoridades de ese país que demuestran, sin reservas, que el accionar del gobierno británico de la época se alejaba de la apropiada honorabilidad esperable en tiempos de guerra, como lo era la Crisis del Atlántico Sur.
Según se conoció, mientras la primer ministro consumía su menú del almuerzo de trabajo concertado en Chequers, la casa de campo del primer ministro, el 2 de mayo de 1982, instruyó a sus colaboradores para que al Crucero ARA Gral Belgrano lo dejaran fuera de combate, persiguiendo el objetivo de "flexibilizar" la supuesta Zona de Exclusión, un anillo de seguridad de 200 millas marinas de cobertura a las Islas Malvinas.
Los militares y funcionarios asistentes a aquel almuerzo dejaron su testimonio en los partes de novedades, haciendo notar la falta de escrúpulos en cuanto a su conducta y misión gubernamental.

Manifestaciones de júbilo ante la muerte de Margaret Thatcher

Reino Unido. Las ciudades de Brixton y Glasgow, este lunes, y luego de tomar estado público la muerte de Margaret Thatcher, se produjeron manifestaciones de alegría y celebración en algunos barrios de estas ciudades.
Los protagonistas de estas manifestaciones son antiguos enemigos de su administración, los que vieron desmentidos sus aspiraciones cívicas y sociales, y también, de jóvenes que no acuerdan con el legado histórico de su gobierno.
Según se supo, los manifestantes festejaban con latas de cerveza y botellas de champagna, levantando cánticos de despedida burlona y declaraciones de repudio.

La Luna del alba

San Carlos de Bariloche. A 989 km de la capital de Río Negro, el pasado domingo destituyeron al Intendente de Bariloche, Omar Goye, que fue acusado por el Consejo Deliberante de impericia.
De acuerdo a la Carta Orgánica del Municipio, el Consejo Deliberante puede suspender de sus funciones al Intendente, a causa de infringir lo contenido en su texto, y convocar, con una confirmación de firmas de los ciudadanos que represente el 10% del total de electores, la celebración de un referéndum en la que, el pueblo, expresó sus conclusiones sobre el caso.
Con una participación estimada del 60% del total de habitantes con capacidad electoral, el 77% apoyó la destitución. Asumió en forma interina la señora María Martini, quién dentro de los 60 días de producida ésta novedad, deberá llamar al pueblo para que elija un nuevo intendente, que complete el período comenzado en diciembre de 2011.

Opinión

San Carlos de Bariloche. Después de celebrarse el referéndum que dio por concluido la administración de Omar Goye, las palabras “Este es el fin de un proceso poco grato” del senador del Congreso de la Nación, Miguel Pichetto, pareció hacer un balance de todo lo acontecido.
También felicitó a los ciudadanos al agregar que “El pueblo expresó su clara voluntad” y que “Respetando todos los rigurosos elementos de la Carta Orgánica” se llevó a cabo el referéndum.