Adiós al tirano

Penitenciaria Marcos Paz. El otoño retrasó una hora el alba. El centinela recorre iluminado por la luz artificial el pabellón destinado a los criminales de lesa humanidad. A su paso hace el llamado de desvelo para que los reos comiencen su jornada. Todos menos uno atendió a su aviso. Abundado por la intriga de la anomalía, descubre tras la puerta a un sujeto inerte. Luego de su llegada, el médico dictaminó: muerto.

Podría ser el comienzo de un libreto para ser llevado al cine, pero se trata del deceso de un tirano, que en la cumbre de su vida ofreció sus servicios de militar a costo del Estado para beneficio de la muerte, del tormento, del hambre, del atraco, de esfumar personas y de la supresión de la identidad.

Su accionar significó el mayor ataque a la libertad, a la integridad de las personas y puso en riesgo la paz exterior de la Nación cuando, en 1978, pretendió reverenciar a Marte, el dios romano de la guerra, para dirimir las diferencias con Chile por la zona del Canal de Beagle.

Coordinando tras bastidores una crisis política para debilitar a la democracia recuperada en 1973, este antiguo alumno de la Escuela de Las Américas sedujo a las fuerzas reaccionarias instaladas en el gobierno federal para que le suministre los reglamentos e instrucciones de ley que le permitan fomentar un teatro de operaciones primario (que algunos calificaron como “globo de ensayo”), en la geografía del bosque subtropical del noroccidente nacional, la zona de resistencia popular más prominente contra los abusadores que se escudan en el derecho de administrar auspiciado por el capitalismo.

Los ejercicios de guerra, su cosquilleo personal, fue el soplo que emprendió contra el enemigo que surgía del desvarío y exponía a la luz pública su mediocridad profesional, sus nulos escrúpulos y la sed de probar la sangre de sus perseguidos.

Implantó el Estado Pistolero, donde la razón fue encarcelada y la libertad cambiada por la angustia. La economía fue atacada por el pillaje y su balance falsificado.

Sus últimas palabras, conocidas por la opinión pública el 14 de mayo, enumeró excusas, repudió al tribunal que lo juzgaba por el expediente “Plan Cóndor” y se autodeclaró preso político. Adiós tirano.

Buenos Aires, ciudad autónoma...

Buenos Aires. Las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad comenzaron a andar el camino de la ilegalidad constitucional, rubricando sus miembros una de las más explícitas notas de unitarismo escritas al que gobierno alguno haya declarado jamás en la historia moderna argentina.

Apremiando a la Legislatura, el decreto de necesidad y urgencia que debe considerar por ser su atributo, enuncia los supuestos mediante los cuales se conducirá este territorio de la Nación en materia de actividad periodística.

Proclamado bajo el título de “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, despabiló a los más encumbrados expertos nativos del Derecho Constitucional, que resaltaron la liviandad de la reglamentación propuesta.

Los antecedentes de una autonomía tan extrema son anteriores a 1859, cuando la Provincia de Buenos Aires se sumó a la Gran Empresa Nacional después de su enojosa secesión motivada por el rechazo a las iniciativas de unión nacional fomentadas por el finado Urquiza, en 1852.

Sin confrontar en otros aspectos especializados del Derecho, el avasallamiento a la Constitución Nacional que evidencia la normativa sugiere que el Estado Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires está ejerciendo el poder delegado a la Nación, el manifiesto preventivo que expresamente prohíbe el artículo 126 de nuestra Ley Suprema (“Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación”) porque la misma decreta, en otro pasaje, que “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” admitiendo, de este modo, que la prensa es materia exclusiva del poder delegado a la Nación.

Con todo, el Poder Ejecutivo de la Ciudad no se siente intimidado por los cuestionamientos y emprende sus actuaciones sobre la cornisa de una falsa valentía sin entrever que su acción puede crear una crisis institucional de incalculables consecuencias, por lo que sugiere y evoca.

La literatura especializada tendrá desde hoy, un capítulo más para discutir sobre cómo deben desplegar los gobiernos sus respectivos teatros de operaciones.

El ocaso de una polémica

Buenos Aires. Hoy, en el atardecer argentino, el Congreso de la Nación aprobó la enmienda que reglamenta cómo funcionará el nuevo Consejo de la Magistratura, el cuerpo colegiado que selecciona a los magistrados para ocupar los tribunales federales y administra el Poder Judicial.

El proyecto promocionado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que desde su ingreso en la mesa de entrada del Congreso hasta su sanción definitiva, fue tramitado en medio de una profunda oposición de los partidos políticos disidentes a la conducción de la Casa Rosada, de muchos colegios de abogados y de la cúpula de la Asociación de Magistrados de la República Argentina.

El Senado fue el primero en tratar la normativa, que tenía como elemento original la elección popular de los consejeros y engrosar el número de sus miembros. También, promovía cambios que afectaban lo cotidiano de las estructuras administrativas de los tribunales.

Esto último, daría principio a una reformulación que presentaría la Cámara de Diputados cuando le tocó el turno en el visto del proyecto, luego del consentimiento expresado por los senadores al deseo del PEN.

Finalmente, y con la vuelta al Senado del proyecto, los arreglos apuntados por los diputados fueron debatidos y aprobados con la mayoría establecida por la Constitución para cualquier legalidad que afecte al Consejo de la Magistratura. Ahora, la Casa Rosada tiene que dar, esta vez, el visto para su promulgación.