jueves, 16 de mayo de 2013

Buenos Aires, ciudad autónoma...


Buenos Aires. Las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad comenzaron a andar el camino de la ilegalidad constitucional, rubricando sus miembros una de las más explícitas notas de unitarismo escritas al que gobierno alguno haya declarado jamás en la historia moderna argentina.
Apremiando a la Legislatura, el decreto de necesidad y urgencia que debe considerar por ser su atributo, enuncia los supuestos mediante los cuales se conducirá este territorio de la Nación en materia de actividad periodística.
Proclamado bajo el título de “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, despabiló a los más encumbrados expertos nativos del Derecho Constitucional, que resaltaron la liviandad de la reglamentación propuesta.
Los antecedentes de una autonomía tan extrema son anteriores a 1859, cuando la Provincia de Buenos Aires se sumó a la Gran Empresa Nacional después de su enojosa secesión motivada por el rechazo a las iniciativas de unión nacional fomentadas por el finado Urquiza, en 1852.
Sin confrontar en otros aspectos especializados del Derecho, el avasallamiento a la Constitución Nacional que evidencia la normativa sugiere que el Estado Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires está ejerciendo el poder delegado a la Nación, el manifiesto preventivo que expresamente prohíbe el artículo 126 de nuestra Ley Suprema (“Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación”) porque la misma decreta, en otro pasaje, que “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” admitiendo, de este modo, que la prensa es materia exclusiva del poder delegado a la Nación.
Con todo, el Poder Ejecutivo de la Ciudad no se siente intimidado por los cuestionamientos y emprende sus actuaciones sobre la cornisa de una falsa valentía sin entrever que su acción puede crear una crisis institucional de incalculables consecuencias, por lo que sugiere y evoca.
La literatura especializada tendrá desde hoy, un capítulo más para discutir sobre cómo deben desplegar los gobiernos sus respectivos teatros de operaciones.

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